EL SINDICATO APLB CONSIDERA QUE DEBEN DEPURARSE RESPONSABILIDADES Y REITERAN QUE LAS DISCRIMINACIONES Y ARBITRARIEDADES DENTRO DE LA POLICÍA SE SIGUEN PRODUCIENDO
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como consecuencia de la demanda por acoso laboral interpuesta por un agente de la Policía Local, ante la “persecución continuada a la que le venía sometiendo el Jefe del Cuerpo desde hace varios años”, subraya el sindicato de la Asociación de la Policía local y Bomberos de Castro Urdiales.
En nota de prensa señalan que el fallo ratifica todos y cada uno de los hechos que ya declaró probados el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander en sentencia previa, desestimando las modificaciones planteadas en el recurso del Ayuntamiento, y confirma que el Jefe de la Policía Local ha estado sometiendo al demandante “a un control exhaustivo que no se extiende a otros agentes”, en un contexto definido como “una manifiesta situación de conflicto laboral”.
Los hechos se produjeron durante la pasada legislatura, bajo el gobierno de Castro Verde, cuando el agente ejercía como Presidente de la Sección Sindical de la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB) en Castro Urdiales, y Vicesecretario General a nivel autonómico.
El demandante acudió a los tribunales, representado por la letrada María Luisa Holanda, “ante la pasividad del Ayuntamiento, que tenía pleno conocimiento de la situación”, dice el sindicato.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, APLB envió un comunicado informando de la misma a la plantilla municipal, a través del correo corporativo. “Como respuesta, sus tres representantes en Castro Urdiales, incluido el agente que denunció el acoso, recibieron un e-mail del Jefe de la Policía en el que, tras acusarles de un delito de injurias, les conminaba a publicar una rectificación en texto previamente redactado por él, otorgándoles un plazo, con fecha y hora de finalización incluida, bajo la advertencia de plantear acciones legales. A día de la fecha, pese a no haber rectificación, no se ha consumado la amenaza”, aseguran desde el sindicato.
Tras esa primera condena por el Juzgado de lo Social, la Alcaldesa de Castro Urdiales manifestó en un medio de comunicación local que “no es la única denuncia hacia el Jefe del Cuerpo que se ha producido por los mismos motivos y estamos en la obligación de investigar qué está pasando”.
Paradójicamente, indica el sindicato “el equipo de gobierno decidió recurrir la sentencia”.
Ratificada la condena por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, tanto la víctima como el sindicato han exigido al Ayuntamiento que depure las responsabilidades disciplinarias, reiterando recientemente información al respecto, sin obtener respuesta alguna. “Por si los excesos y la inacción al respecto no fuesen suficientes, al reincorporarse la víctima a su puesto de trabajo tras la primera sentencia, siguió sufriendo actuaciones vejatorias de parte del Jefe de la Policía que, una vez denunciadas por escrito, han obligado a la activación de nuevo del protocolo municipal ante situaciones de acoso laboral”, señalan.
“La sentencia, que deja claro que no se adoptaron las medidas precisas en materia de seguridad y salud en el trabajo, a los efectos de garantizar la integridad física del agente así como el riesgo psicosocial, viene a abundar en lo padecido por otros agentes.
Durante la pasada legislatura tuvo que activarse hasta en tres ocasiones el ya citado protocolo municipal por acoso, debido a denuncias de otros tantos agentes por la discriminación y el trato dispensado hacia ellos por el Jefe del Cuerpo. Dos de estas denuncias han derivado a la vía judicial. Además, el estudio de riesgo psicosocial llevado a cabo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales arrojó resultados alarmantes para la Policía Local.
APLB lleva años denunciando internamente la situación existente en la Policía Local, con infinidad de arbitrariedades, discriminaciones y diferencias de trato hacia determinados agentes”.
El Jefe de la Policía castreña ostenta, además, el cargo de Presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Cantabria, a la que representa ante el Gobierno Regional en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, recuerdan desde APLB.
“No es la primera vez que el Ayuntamiento elude exigir responsabilidades disciplinarias a mandos de la Policía Local, a pesar de que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. En 2016 un oficial del Cuerpo fue condenado por la Audiencia Provincial, tras causar lesiones durante el servicio a un agente. En aquel caso, pese a que el reglamento disciplinario aplicable a los Cuerpos de Policía Local de Cantabria es meridianamente claro al respecto, el Ayuntamiento evitó imponer sanción disciplinaria alguna al autor de las lesiones”.
Recuerdan también que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó al Ayuntamiento a indemnizar a una funcionaria que sufrió acoso laboral desde 2006 hasta 2008.
Fuente: Onda Cero Castro Urdiales https://www.facebook.com/211554799024802/posts/1562503900596545/